Migraciones internas. ¿Y el campo?

Por Manuel Alberto Ramy

Cuarenta y seis asentamientos ilegales, algunos con 2 000 habitantes, como el de Las Piedras en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, desafían el decreto 217 puesto en vigor en 1997 para frenar el éxodo de cubanos del interior del país hacia la capital.

Las migraciones han sido tema de un trabajo de investigación realizado por el diario Juventud Rebelde (JR), que lo ha publicado en varias partes, la segunda el domingo 3 de agosto.

Los datos que aporta son significativos. De los 2 201 610 habitantes de Ciudad de La Habana, que representan el 19,6% de la población cubana, el 31.8% de ellos, es decir 700 242 residentes, no son oriundos de la capital.

Luis Carlos Góngora, Vicepresidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Ciudad de La Habana, declaró a JR que "en lo que va de año 2 397 personas que estaban ilegalmente en la ciudad se han enviado de regreso a sus provincias de origen". El diario agrega que desde el año 2006 han sido devueltos a sus lugares de origen "más de 20 mil personas" y anota que la cifra de ilegales que residen en la capital es difícil de cuantificar.

Las motivaciones de los migrantes no muestran singularidad alguna.

La Mora vino desde de Guantánamo --extremo oriental del país-- donde "por pintar uñas ganas tres pesos, y aquí, de cinco en adelante", dijo. Su madre, que emigró en la década de 1980, declaró: "Allá en Guantánamo trabajaba en una cooperativa sembrando frijoles. Ese tipo de trabajo es el que sobra". 

No son las únicas declaraciones de estos emigrados ilegales y que se mueven en una curiosa clandestinidad pues a pesar de que carecen de la documentación actualizada, sus hijos asisten a la escuela y reciben atención médica. Pero en esencia las motivaciones son las mismas desde que los grupos humanos comenzaron a desplazarse: la búsqueda de mejores condiciones de vida.

De las motivaciones me llama la atención la de la mamá de La Mora, trabajadora agrícola "en una cooperativa sembrando frijoles", "tipo de labor… que sobra". Cierto, en el campo faltan brazos; solamente el 16% de la fuerza laboral activa trabaja en la agricultura y en nuestro país la mitad de la tierra está ociosa y/o deficientemente mal explotada; y ahora estamos urgidos de sacarle el máximo, debido a que es imposible continuar importando entre el 75% y el 80% de los alimentos que el estado entrega a precios subsidiados.

Un viejo amigo me comentó a propósito del tema de la agricultura y la alimentación que era "un contrasentido que un país eminentemente agrícola tuviera la escasez de otros que no tienen nuestras características". Y añadía que "los habaneros no quieren ser constructores --comentario hecho por el presidente Raúl Castro el pasado 26 de julio--, y los campesinos se van de la agricultura".

El decreto-ley 259, por el cual se dispone la entrega de tierras en usufructo y en una cuantía aceptable a las personas dispuestas a laborarlas, está concebido para estimular no solamente el aumento de la producción, sino también la permanencia en sus lugares de origen de los potenciales emigrantes internos.

Sin dudas que es un paso importante, muy positivo, pero tiene varias lecturas, según de quien se trate. Una es la de los productores que a partir de 1993 fueron beneficiados con entregas de tierra en usufructo que no precisaban límite de tiempo. Esta tuvo dos interpretaciones, pues alguno la asumieron como una entrega de por vida, mientras en muchos otros generó niveles de inseguridad. Y aclaro, en ambos casos se trata del ejercicio de la propiedad, no de la propiedad en sí. La propiedad, privada o en usufructo, vale por la capacidad de decisiones que pueda ejercerse sobre la misma.

Ahora el decreto-ley 259 dispone que para los privados el usufructo debe ser renovado por 10 años cada vez y para los estatales cada 25 años. Ponerle tiempo tiende a dar seguridad, ¿pero es suficientemente motivador para captar nuevos productores? ¿O para que personas como la mamá de la Mora regresen con nuevos bríos y esperanzas a trabajar la tierra que le otorguen?

Las renovaciones de usufructo claramente estarán asociadas al rendimiento, lo cual es lógico, y evaluar este indicador será responsabilidad de una autoridad superior. ¿Quién es esa autoridad y en qué nivel está ubicada? Más o menos en esos términos fue la pregunta que me hicieron varios campesinos muy entusiasmados con que su sector esté recuperando el papel protagónico que le corresponde, máxime "con los mejores precios que ahora nos están pagando", pero preocupados de "que esas inspecciones" para renovarle el usufructo sirvan para que "vuelvan los viejos mecanismos, las trabas".

No es de sorprender esta aprensión, pues la burocracia es infinita en sus ardides y lo que descentralizas con una medida puede ser volteado con otra.

"Si yo produzco, y dan las cuentas, ¿qué más hace falta? Y eso lo tengo que demostrar año atrás año", comentó sugiriendo que esos son los mejores parámetros de la eficiencia.    

En el caso de las necesarias nuevas incorporaciones las preguntas más comunes que he registrado pasan por si 10 años son suficientes para desbrozar tierras ociosas y ponerlas a producir eficientemente; si contarán con los recursos e insumos necesarios y a tiempo --la agricultura no aguarda-- para echar a andar o cuáles serán las condiciones del contrato de usufructo que debe regular derechos y deberes de ambas partes, cosa que no está explicitada en el decreto-ley. La necesidad de contar con los necesarios fondos básicos (maquinaria, equipos, sistemas de riego, transporte, etc.) que les permita cerrar exitosamente el ciclo productivo, es otra de las preocupaciones que también expresan los viejos productores.

Las respuestas a estas inquietudes e interrogante dependerán de las regulaciones al decreto-ley.

La imprescindible tarea de afincar el hombre a la tierra exige más que en ningún otro campo de una visión audaz y flexible. Más aún, la práctica indica que, sin despreciar la entrega de tierras a particulares, medida muy positiva, reitero, el despegue del sector agropecuario, y por consiguiente alimentario, radica en el movimiento cooperativo sin ataduras burocráticas, con autonomía operativa y el establecimiento de racionales y seductores compromisos de entrega al estado. En la actualidad los niveles de contratación y entrega al estado que deben hacer las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y las de Producción Agropecuaria (CPA) alcanzan el 70% de sus producciones, por lo que no estimula a los productores quienes se ven limitados de participar de los precios del mercado libre.  

Otro dato de la realidad es que entre las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y los productores privados producen el 60% de la leche.

La socialización puede comenzar por el campo. Y tiene un nombre: cooperativas.

Manuel Alberto Ramy es jefe de la corresponsalía de Radio Progreso Alternativa en La Habana y editor de la versión en español de Progreso Weekly/Semanal.